[Carta abierta a Williams Dávila] Palabras acerca del software libre

Ayer, se estuvo realizando en la Asamblea Nacional la discusión de la Ley de Infogobierno, una ley que busca promover estándares abiertos, con una marcada preferencia hacia el uso del software libre.

En el ínterin de la discusión, tuve una twitter-plática con el Diputado Williams Dávila, que abstuvo su voto en los artículos 34, 35 y 36 (no sé si otros), al igual que el diputado Leomagno Flores (aquel que indicó que el software libre era una dictadura).

Uno de los tweets más interesantes, fue este:

Y simplemente quería aclarar algunos puntos, bajo los mismos principios y preceptos que el Diputado Williams Dávila menciona en el tweet.

Defensa del 299

El artículo 299 de nuestra constitución señala:

«El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.»

Como vemos, el 299 defiende la eficiencia, la libre competencia, pero además la solidaridad, hay que resaltar qué:

• El «Software Libre» no es una empresa, es un conjunto de software, licenciado bajo reglas que permiten su utilización a expensas de las 4 libertades fundamentales, son licencias tan válidas como la EULA de Microsoft o incluso sin licencia alguna (dominio público), bajo este precepto, repito, el software libre «no es una empresa», es usado por las empresas y ellas se encargarán de promoverlo, venderlo (el software libre es libre «por sus libertades», no necesariamente es gratis), arrendarlo o simplemente cederlo, por lo que un ecosistema de empresas dedicadas al software libre es igual de productivo, competitivo y solidario.
• La eficiencia y la productividad se garantizan, en el marco de la utilización de estándares que promuevan la interoperabilidad (posibilidad de interacción e intercambio de datos entre dos o más sistemas), ningún software de licencia «cerrada» (a menos que se base en estándares abiertos) podrá garantizar una completa interoperabilidad entre los diversos entes del Estado, a menos qué, ese software sea el único que se use (por lo cual, no hay interoperabilidad, sólo homogeneidad y eso se conoce como MONOPOLIO).

Para darle un ejemplo de este último detalle, expongamos la situación más común, la interoperabilidad de los sistemas de ofimática, fijese, anteriormente Microsoft Office guardaba en un formato binario que sólo ellos conocían y las especificaciones para «interoperar» eran liberadas exclusivamene a los que ellos «quisieran», por ende, un documento hecho en Microsoft Office no era que «se veía mal en OpenOffice y este era un producto malo», era que Microsoft Office no liberaba todas las especificaciones para poder construir un «interoperador» con sus documentos eficiente, como sus archivos solo «abrían bien» en su software, eso le garantizó un Monopolio en el mercado de la ofimática.

Luego, con esto de «la nube», «la interoperabilidad» y «la web 2.0», Microsoft debió crear un nuevo estándar (Microsoft OOXML, que luego se convirtió en norma ISO) para poder permitir a productos «de la competencia» interoperar limpiamente con él (ej: Google Docs, ThinkOffice, etc), tal fue el cambio con MS OOXML que incluso una herramienta de software libre (OpenOffice) pudo leer primero archivos MSOOXML (.docx) que el propio software de Microsoft.

¿Ve como se garantiza la igualdad, la no-sustentación de monopolios y la interoperabilidad, gracias a los estándares abiertos?.

• Por ende, ¿puede una empresa que usa licencias cerradas de software competir?, tendría que al menos cumplir dichas premisas «evitar la generación de monopolios, promover la interoperabilidad con estándares abiertos y garantizar que su software sea 100% auditable y eficiente», al menos, en mi observación, sólo grandes corporaciones (Oracle, Microsoft) y empresas que se dediquen a software libre (por usar estándares abiertos, ser 100% auditables y garantizar la no-existencia de monopolios) podrían competir en este aspecto; como ya las grandes corporaciones tienen garantizada su participación (por distintas razones de orden estratégico, ejemplo, Oracle en PDVSA), promover el software libre es la única manera de garantizar el ecosistema saludable, de alto valor agregado nacional y de justicia social en el país.

Ahora, hablemos de las preocupaciones, que a mí también me afectan con la ley.

ALBET

¿Y qué pasa con la iniciativa privada?, yo tengo una empresa, una compañía anónima, soy asesor de sistemas abiertos no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo ¿acaso no soy una iniciativa privada?, una iniciativa privada que genera empleos y valor agregado nacional tal como me lo garantiza la república, sin embargo, acá viene una preocupación cierta que a usted y a mí nos debe parecer válida ¿y las iniciativas privadas extranjeras?, por todos es bien «conocido» cómo los convenios «bi-nacionales» crearon empresas con discrecionalidad «transversal» en todo el gobierno nacional, una de ellas ALBET de Cuba, se convirtió en la sempiterna de las instituciones públicas, la ves creando joint-ventures con PDVSA y «trabajando unas horas que le sobraron» en CNTI (el organismo que la Ley facultó para asesorar al CONATI).

Más que un «miedo al software libre», lo que se debe evitar, al tratar de garantizar el 299 constitucional (y el 37 de la Ley), es que se garantice el ecosistema nacional y que prive el fomento de las iniciativas nacionales (la verdadera «soberanía tecnológica», entendiéndola como la imposibilidad de entregar nuestros sistemas en manos extranjeras, sean norteaméricanas o cubanas, como está pasando ahora) por encima de intereses extranjeros que vienen a vendernos cédulas electrónicas de 7 años de duración que aún no están «ni verdes» como diría mi abuela.

Garantía de acceso a la información pública

Imagine ahora, que le entrego un documento, donde está toda su información, y ese documento está en WordPerfect Office para Mac, usted, tendría que comprar un Mac, más la licencia de WordPerfect Office, simplemente para leer un documento que se supone «es suyo», ¿dónde está la garantía de acceso a la información pública?.

La garantía de acceso a la información, de manera pública y transparente, pasa por utilizar estándares que le permitan a cualquier persona, en cualquier equipo, en cualquier plataforma e incluso, en cualquier idioma, (ejemplo, Wayuunaiki ó Maquiritare) el acceso irrestricto a toda su información, ¿está el Estado Venezolano en la capacidad, de coordinar con empresas de software privado, versiones en sus lenguas nativas, para todas las plataformas del Estado Venezolano y para cualquier equipo?, ciertamente no lo está (y no es finalidad del Estado Venezolano en realidad coordinar eso); pero el software libre si está en la capacidad de garantizarnos ese despliegue, tomemos por ejemplo, el estándar ODF (OpenDocument Format, utilizado por OpenOffice y LibreOffice, y es un estándar ISO):

• Su aplicación nativa (OpenOffice|LibreOffice) corre en todas las plataformas (PC, MAC, etc) y en muchos sistemas operativos, incluído Microsoft Windows.
• Al ser ISO, miles de aplicaciones han realizado «interpretes» para verlos (ejemplo en la nube: Google Docs)
• Proyectos «abiertos» de traducción (como el de LibreOffice) le garantizan que cientos de personas, pueden crear proyectos de traducción en los idiomas necesarios (un compañero de la comunidad @radical_michael en twitter, ha creado una comunidad para colaborar con gnome para traducirlo a lengua Wayuu).
• OpenOffice|LibreOffice tienen conversores a cualquier formato que sea ISO (DOCX ó PDF) que garantizan la conversión y luego el acceso de la información a aquellas personas que no posean dicha aplicación (que además, es gratis y pueden descargar sin costo en su equipo, para poder leerlo).
• ODF es de una fundación (OASIS Fundation), no es de ninguna empresa ni posee regalías, no existirá «una sola empresa en el mundo que nos venda OpenOffice» y podrá existir una única aplicación que abra bien los ODF (de hecho, ya Microsoft Office 365 abre perfectamente documentos ODF).

¿Qué software propietario|privativo puede garantizar esto?, el que «todo el mundo tiene Microsoft Office» no es una excusa, ya que más del 60% de los venezolanos usan software «pirata» en sus computadores, no solo estamos fomentando el monopolio, sino además el robo a una empresa transnacional.

Y el acceso, es público

El elector no necesita acceso al código fuente de los sistemas (aunque no debería negarsele la posibilidad, de solicitarla), quienes lo necesitan son las organizaciones políticas (como los partidos) para garantizar, vía la auditoría de sistemas (verdaderas auditorías y no esas «miren, todo funciona de maravilla» y salta alguien con una «clave fantasma» que nadie sabe como la obtuvo); una de las grandes ventajas de la Ley de Infogobierno (que lleva engavetada desde 2005 y ciertamente está siendo aprobada más por «discurso ideológico» que por entender sus implicaciones) es que dicha Ley puede convertirse en un verdadero «Caballo de Troya» que garantice a cualquier ciudadano, con las ganas (y el conocimiento) de auditar al Estado, de develar toda la maraña que hay «detrás» de la mastodóntica burocracia construída en estos 14 años.

Tan acostumbrados están a aprobar cosas por «levantar la mano y discursividad leguleya», que el gobernador Ameliach pone en su página web que está dictando cursos de Microsoft Office y la propia plataforma tecnológica de la Asamblea Nacional (esos diputados que se rasgan vestiduras y se ponen franelitas de «yo uso software libre» y jamás lo han visto) está en tecnologías privativas; dudo que ellos sean los más «interesados» en verdad, en cumplir dicha ley.

Poniendo como ejemplo el organismo que nombra, el CNE, yo me especializo en estudio de datos (uso un par de herramientas libres muy buenas para minería y análisis de datos, Pentaho y Talend Studio) y yo quisiera por ejemplo, tener acceso a la data de electores (que extrañamente este año, removieron el campo «fecha de nacimiento» de la DB oficial) y verificar cosas como:

• La densidad del promedio de voto en una zona de Concepción, Iribarren (Barquisimeto, Edo. Lara, de donde vengo) fue el 7 de Octubre cuando allí Maduro sacó 30% y 69% Capriles, es una superficie de más de 30 centros electorales (y una populosa población) en todos los centros, los promedios oscilan entre 30%/69% hasta 40%/58%, salvo en un centro, un extraño y único centro que desvió toda la densidad promedio de la zona, donde Maduro ganó con 70% y la abstención en un increíble 8% (en otros centros 20%, manteniendo el promedio nacional), ¿cómo puedo yo auditar, como ciudadano, la data de ese centro?, ¿cómo puedo contrastarla, por ejemplo, con fechas de nacimiento, si el CNE no me da esa información?, ¿o con RIF o data del SAIME (para verificar veracidad en los datos publicados, ejemplo, verificar contra cédulas registradas en el SAIME); es decir, podría ser simplemente una «desviación» típica producto de las personas censadas y «movilizadas» a ese centro, pero también podría ser el tan «mentado» voto-asistido o incluso «electores fantasmas», que tanto propugna la oposición, ¿cómo podrían saberlo?.
• Hay una **familia** «interesantemente distribuida» alrededor del país, de apellido «ññjia», fijese en este detalle:

V-3594708 ÑÑJIA FEBRES ANDRES RAFAEL PRIMER MIEMBRO SUPLENTE DE MESA (sin RIF para corroborarlo)

* Acá hay un ÑÑJIA en Sucre:

V 590563 ÑÑJIA ANGEL CUSTODIO 46940 (Casualidad, tampoco tiene RIF)

* Hay otros dos que si están en el SENIAT y que no son hermanos al parecer:

V 3282936 ÑÑJIA ANDRES RAFAEL 47390 (verdadero nombre según SENIAT: V032829364 MEJIAS ANDRES RAFAEL)

V 5694118 ÑÑJIA MAICAN ANIBAL RAFAEL 46080 (verdadero nombre según SENIAT: V056941181 ANIBAL RAFAEL MEJIA MAICAN)

Dirá cualquiera que defienda al CNE ¿problemas al registrarlos?, ¿uno en Sucre, otro en Miranda y otro en Carabobo?, 4 mecanógrafos, en 3 Estados distintos, no pueden cometer «el mismo error» de tipear «ÑÑJIA» en vez de «Mejía» o «Mejías», esto significa qué, hay un proceso de contaminación «externo y continuado» de la base de datos del CNE, que causa alteraciones como esta (debido a que CNE no se conecta eficientemente a SAIME, no hay forma de «normalizar» los datos).

NOTA de revisión: en la última versión de la DB (abril 2013) muchos de esos nombres ya han sido normalizados.

Quisiera saber ¿cómo sino utilizando estándares abiertos y garantizando el acceso irrestricto a la información pública contenida en nuestros servidores (porque ESTADO nos incluye, los servidores del CNE son tan míos como de los Rectores) se podrá garantizar el acceso a la información que se necesita?.

Ahí le expongo sólo un ejemplo, imagine por ejemplo, poder contrastar en tiempo real, conectando SAIME > SENIAT > SAREN > BANAVIH > MINTRA > SNC la veracidad de los datos de algunas «empresas de maletín» que pupulan en la APN (por allí hay una «cooperativa» con muchos «guisos» y los verdaderos trabajadores de la misma no tienen ni un contrato formal con ella, están a «destajo» violando todo reglamento de SUNACOOP).

Conclusiones

Tal vez sea muy ingenuo, tal vez ALBET no se va a ir del país así como así (aunque muchos compañeros «chavistas» no quieran a ALBET, son incapaces de enfrentar a sus líderes para hablar mal de ella), tal vez la Ley sólo sirva de «letra muerta» para afianzar esos sospechosos convenios de software con empresas Uruguayas (una de ellas, del *malandro* hijo del ex-presidente Tabaré Vásquez) o con empresas Cubanas (como quejarse de PRISM y de la NSA y comprar software para el espionaje de ciudadanos a Cuba); pero considero que uno no debe echarse para atrás en las trincheras, todo lo contrario, debe buscar adelantarse y aprovechar los «huecos jurídicos» que permite la ley, para por ejemplo:

• Usarla de marco para una ley orgánica de transparencia de la administración pública
• Exigir (bajo el artículo 37) al ente rector (CONATI/CNTI y Min. de Información) la expulsión de empresas Cubanas del país, que violan la propia ley que están aprobando (uso de software privativo, violación de la soberanía tecnológica del país, desmotivación y destrucción del ecosistema de industria nacional, que termina siendo sólo unos «empleados» de los Cubanos o los Uruguayos y no unos verdaderos productores)
• Exigir en los términos que plantee la ley, de mecanismos de intercambio electrónico entre las instituciones auspiciantes del CONATI, que nos permita a los ciudadanos auditar a nuestros propios Diputados y empleados públicos (¿cuánto venezolano (hasta chavista) acaso no quiere ver la declaración jurada de bienes de Diosdado Cabello?)

Si usted piensa como yo, reflexionará, como verá, el software libre «no es chavista» ni mucho menos «comunista», al final del día, la «neutralidad tecnológica» no habla de política (aunque politizar el software libre es un «deporte» en este país) ni tampoco de economía (ninguna empresa venezolana va en «igualdad de condiciones» a competir con Microsoft), sino de garantizar la no implantación de monopolios, la no exigencia de una tecnología única y «de-facto» pero garantizando una «normalización» para evitar que un variado ecosistema tecnológico cause el efecto contrario (incompatibilidad e imposibilidades de interoperabilidad), como verá el software libre garantiza la neutralidad tecnológica en 4 puntos:

• Todos van en «igualdad de condiciones», por calidad de software y no por el peso o «lobby» que puede hacer una empresa más grande
• evitar la implantación de monopolios de empresas (la empresa que asesore en la implementación de por ejemplo, OpenOffice en el CNE no necesariamente será la misma que asesore al SAREN, aunque sea la misma herramienta)
• No habrá tecnologías únicas ni «de-facto»: Microsoft Office es un estándar «de-facto», nadie «dictó» que lo fuera, simplemente se impusieron a través de su Sistema Operativo, que ya venía «de-facto» en los portátiles y PCs de los fabricantes, al ser software libre (y muchas veces gratis de adquirir), una entidad puede garantizar el acceso por diferentes «tecnologías» para diferentes usuarios (ejemplo, el CNE debería garantizar acceso a su data vía: API programática, descarga de PDF, descarga de ODS ó XLS cual fuere el caso, archivo CSV y un sinfín de tecnologías más, todas libres, todas gratis)
• Se garantiza la «normalización» a través de herramientas y tecnologías y no a través de «empresas» (se normaliza el intercambio de documentos editables en ODF y de no-editables en PDF, si usas «Microsoft Office 365» ó «LibreOffice» para abrir el ODF ó usas un Adobe Acrobat, un Evince ó un lector de PDF para Android)  es tú elección, pero el Estado debe garantizar un mínimo de «normalización» en sus sistemas.

Espero que estas líneas lo ayuden a comprender un poco acerca de mis motivaciones de insistirle en la aprobación de la Ley de Inforgobierno, estamos a la orden por acá para cualquier duda.

Gracias por su atención.