[Nota del día] Sobre quienes escriben las leyes (y II Parte)

Viene de: ¿Por qué no hay seguridad ciudadana (O quienes escriben las leyes) I parte

Un par de años atrás veía en Youtube una divertida pero reflexionadora clase a cargo del Abogado David Bravo sobre la tipificación de delitos en España y como esto es una prueba de que los grandes Lobbies de las empresas son las que influencian los diputados para escribir las leyes:

El video Acá: Carlos Bravo y el «Test SGAE»

Lo que está detrás de esto es claramente, más que el hecho de querer seguir usando emule, kazaa, nicotine, bittorrent y otra serie de aplicaciones y servicios de P2P, es la capacidad de esas empresas de modificar los códigos penales y leyes de nuestros países para lograr el máximo beneficio sin que exista hasta los momentos poder alguno (más que el poder adquisitivo) que los contraríe.

Todos debemos recordar el caso de la señora que por bajarse unas canciones de Internet fué multada con 1.9 millones de US$, aún cuando la descarga la hizo sin ánimo de lucro y como copia privada (el atenunante para la violación de derechos de autor); lo que a veces la gente no paraleliza con las penas judiciales es los 90 millones de multa que pagó Bristish Petroleum (BP) por contaminar irreversiblemente el golfo de México versus los 400 millones de dólares que la industria discográfica pide por violaciones de derechos de autor a empresas como Napster, lo que demuestra que los intereses de las mafias discográficas es más alto que el de grupos ecologistas (que ni siquiera han logrado que el congreso de los Estados Unidos acepte el protocolo de Kyoto).

Me pareció sumamente burdo y bizarro comparar la tipificación de delitos en Venezuela, ver como un hombre por Robo de vehículos (tipo Pick-Up, costo: 120 Mil Bs.) con agravante del uso de la fuerza (pero sin usar arma de fuego) fué condenado a 8 años de prisión sin atenuantes; mientras que al Ex-Ministro Tobías Nobrega (luego de 7 años y actualmente viviendo en Funchal, República de Portugal) por malversar fondos (tampoco usó arma de fuego) por un monto de 90 millones de dólares (unos 387 millones de Bs.) *si acaso llegara a ser condenado* se vería «forzado» a pagar una multa de 11.700 Bs. y prisión de 6 meses a 3 años con posibilidad de libertad condicional.

¿Acaso 90 millones de dólares no es el sueldo mínimo de 350 mil venezolanos?, ¿no es el doble de lo que necesitan actualmente las universidades para pagar sus deudas a los jubilados y pensionados?, ¿no es acaso la pensión de más de 400 mil viejitos? …

¿Por qué nuestro código penal sigue insistiendo que los delitos *DEL POBRE* son más graves y tienen más años de prisión que los delitos *DEL RICO*, del ladrón de cuello blanco? …

¿La realidad?, porque ellos redactan las leyes y ellos saben a quien debe beneficiar la ley.

¿Lobbies en Venezuela?

Luego de ver casos como que el FBI crea brigadas «especiales» para el delito de la *piratería* informática y la violación de derechos de autor (frente a un decremento en las comisiones dedicadas al secuestro de personas, la falsificación de identidad, etc), tocaría preguntarse ¿existen en Venezuela brigadas de este tipo?, pues si, existe COMANPI, una brigada especial creada dentro del CICPC con el único propósito de defender los derechos de autor y derechos industriales de empresas y organizaciones como SACVEN (la SGAE Venezolana).

Quiero que conste que estoy en contra del delito, puesto que es una forma de «robo» a los autores, también la GPL (General Public License) es una licencia libre y nos protege de robos a nuestros derechos sobre las creaciones; de lo que estoy en contra es como estos «bufetes jurídicos» de estas grandes transnacionales logran mover a la justicia venezolana para lograr sus objetivos e intereses, muy por encima de los intereses de otros colectivos.

Ver la celeridad con la que se mueven estos grupos aupados en materia de allanamientos, confiscación de material pirata y consecución de penas, ver como grupos como el GANA y el SACVEN pueden obtener excepciones fiscales del SENIAT si logran demostrar que fueron víctimas de piratería informática o musical (algo que las empresas que nos dedicamos al desarrollo de software libre aún no hemos podido conseguir, ni siquiera el reconocimiento LEGAL de las licencias de software libre en Venezuela).

Lecciones del Pasado …

Recuerdo cuando ocurrió el problema de OOXML en Venezuela, FONDONORMA era un organismo «observador» de la comisión ISO y de repente apareció con voto dentro del comité JTC1 y para colmo, votó «positivo» para aprobar el estandar «impuesto» por Microsoft (el Office OXML), luego de una amplia lucha de la comunidad de SL (vea: Argumentos técnicos) se logra que Venezuela «revirtiera» su voto y por fin el DRAFT de Microsoft no fue aprobado.

Pero, ¿Qué conclusión sacamos a todo esto?, yo por mi parte saco 3 bastante tristes todas:

* OpenOffice: Siendo YA un estandar ISO (el ISO/IEC 26300) y siendo Venezuela un miembro P de la comisión JTC-1, no ha solicitado su imposición como norma COVENIN a nadie (ni siquiera al gobierno nacional, que tiene un decreto que lo favorece, el 3390).

* Que la mayoría de los miembros del comité en FONDONORMA representan a las grandes empresas privadas y transnacionales, ver distorsiones como que el representante por las Universidades ante  FONDONORMA es además, ejecutivo de producto de Microsoft Latinoamérica.

* Que Venezuela haya mostrado tanto interés por pertenecer al comité JTC1 de la ISO (comisión de documentos electrónicos), pero que aún no sea miembro P de comisiones como la ISO TC58 sobre almacenamiento de Gas (teniendo programas de gasificación doméstica masiva) o peor aún, del comité Técnico TC28/S5 sobre tecnologías de explotación petrolera y gasífera (aun cuando tenemos la cuarta empresa mundial de petróleo, ni siquiera somos miembro O en ese comité).

Y luego hay quien dice ¡Pobres españoles con su SGAE! …

Hay que estar atentos …

Existen actualmente bufetes de abogados y grupos solicitando fuertes reformas al Código Penal (ya lo lograron con la Ley de Delitos Informáticos) para lograr la penalización de manera semejante a como ocurre  en otros países, donde ir con una pistola y robarse toda la discografía de U2 es más práctico que descargársela de Internet; busquen «piratería informática software Venezuela» en Google y se encontrarán con cientos de artículos de grupos como VeneEconomia, BSA, SACVEN pidiendo fuertes reformas al código penal Venezolano para que cada vez sea mejor ser un corrupto que roba el dinero de millones de Venezolanos (y poder comprar discos originales) que un usuario del P2P.