Del por qué no hay justicia ciudadana (o el quienes escriben las leyes) I parte

Es una pregunta que me hacen muchos detractores del gobierno nacional cuando me ven haciendo denuncias a través de este blog, es una pregunta que muchos chavistas me hacen (como si hiciera denuncias sin fundamento) para ponerme a prueba ¿Por qué no haces una denuncia formal?, ¿Por qué no investigas y presentas pruebas? …

Es una pregunta bastante fácil de responder, en este país (como en todos donde el poder redacta las leyes sobre los ciudadanos) hacer justicia ciudadana es realmente imposible …

Veámos un ejemplo …

Imaginémos que eres un funcionario probo y correcto, en algún departamento de sistemas e informática de alguna institución pública o ministerio, tu posición y cargo te hacen acceder a información confidencial (de manera directa e indirecta) que podría llevar a juicio por corrupción a tus jefes, ministros y directivos … ¿lo harías?

Estas serían las consecuencias …

Como funcionario del departamento de informática existe una “confidencialidad” tácitamente establecida, puesto que no puedes “espiar” a tus jefes, so pena de ser acusado del delito de “Espionaje electrónico”, aún cuando la información extraída a través de esta forma sea útil para inculpar algún funcionario, te encontrarás con la siguiente verdad del sistema judicial venezolano.

Tobías Nobrega, ex-ministro de Finanzas, acusado de malversación de fondos, peculado de uso y otra serie de delitos como manejo doloso de recursos del estado para beneficiar a terceros, sobre todo con la compra de la antigua Torre CityBank.

Luego de 7 años de investigaciones y revisar documentos, a Tobías (por fín) se le inicia un proceso (sería el primero en 12 años a funcionario alguno de alto rango en el gobierno de Hugo Chávez), *de encontrarsele culpable*, Tobías Nobrega enfrentaría 3 años de prisión (máximo) y una multa de 11700 Bs. (a pesar de que haya malversado más de 90 millones de dólares).

¿Qué hubiera pasado si esta información hubiera sido conseguida por *Espionaje Electrónico* de algún subalterno?, Los abogados de Tobías Nobrega hubieran podido demandarte por espionaje electrónico y te hubieran lanzado todo el peso de la Ley contra Delitos Informáticos, si fueras encontrado culpable, ¿Qué pena enfrentarías?, enfrentarías 6 años de prisión y una multa de 600 unidades tributarias, al cambio actual serían 39000 Bs. Técnicamente irías preso el doble de tiempo y pagarías en multas el doble de dinero que el crímen que estarías tratando de condenar.

Simplemente ser detective informático para lograr la tan mentada *contraloría social* y la justicia ciudadana de la mano del pueblo es técnicamente imposible …

Triste pero cierto darse cuenta quienes redactan las leyes en este país …

Acerca de phenobarbital

http://about.me/phenobarbital

Publicado el 15 agosto 2010 en Blogeando!, contraloría social, La nota del día, Política. Añade a favoritos el enlace permanente. 5 comentarios.

  1. Hola Jesus,

    Me queda la duda sobre qué es lo que quieres decir con “poder redacta las leyes sobre los ciudadanos”. La pregunta no es capciosa, ni caprichosa, en realidad es muy simple porque la elaboración de leyes es, en sí misma, un poder público. Aún en países basados en la clásica división de poderes de Rousseau (tres poderes) o aquellos un poco más evolucionados en esos términos como el nuestro (no sé si mejores, pero aquí con “evolucionados” quiero decir “complejizados”). Además me causa curiosidad también porque las leyes, siempre se hacen sobre los ciudadanos: en su papel de personas naturales o de personas jurídicas, pero siempre sobre los ciudadanos. Quizás la diferencia es que las personas jurídicas no tienen equivalencia frente al Estado de “personas naturales” cosa que sí ocurre en Estados Unidos, por ejemplo (e imagino que en otros países anglosajones y algunas de sus colonias también), donde las personas jurídicas (empresas todas, incluídas bancos, medios de comunicación y un largo etcétera), tienen todos los derechos de ley que les asiste a los ciudadanos frente al Estado.

    En fin, que supongo que insinúas que el flujo de procesos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en nuestro país es tal que hay una clara dominancia del primero sobre los mecanismos detonadores de acciones en el segundo, en especial en la motorización de leyes, acuerdos y manifiestos.

    Como en algún momento mostré en una pregunta de formspring, No creo que éso ocurra en Venezuela, aunque históricamente ha ocurrido en algún momento. No sólo aquí, sino en todos los países donde hay una separación entre ambas “tareas” en “poderes”. Es un tema de control de todos los ámbitos del poder que, sin ser justificable, es observable en otros lugares también

    Abrazos!

    • No, no insinuo nada sobre “El Ejecutivo” sobre “El Legislativo”, tal vez no puse muy en claro cuando digo “el poder” tiene el control de la redacción de leyes, marcando “el poder” como aquellos grupos que ostentan el poder económico y político en este y en otros países, no podemos pretender tapar el sol con un dedo y decir que en este país las leyes se redactan en favor del pueblo y no en favor de esos grupos, habrá sus excepciones pero hasta el ejecutivo en poder del legislativo es mejor, que un país donde los grupos económicos dictan leyes a su conveniencia y beneplácito.
      Mi pregunta es simple, ¿por qué las condenas para los “crimenes del pobre” (robo, hurto, etc) son peores que las condenas para los “crimenes del rico y crímenes políticos (corrupción, peculado, extorsión, estafa)?, si al analizar el caso, vemos que estos crímenes afectan a más personas que un crímen común.
      Pero como ya sabemos, las leyes las redactan los políticos y ellos mismos no podrán condenas de quince a veinte años por corrupción agravada, ya que se están viendo en un espejo.
      Un ejemplo claro, el CICPC cuenta con organismo para combatir la piratería, engranado con SACVEN y la cámara pro defensa de los derechos de autor (GANA), quisiera saber cuándo habrá un organismo dentro del CICPC engranado con INDEPABIS para la defensa del consumidor.
      ¿Por qué FONDONORMA admite estándares privativos en sus evaluaciones, como PDF o incluso discutir OOXML y aún no admite ODF?, es un claro ejemplo de como nuestra legislación juega para intereses particulares y no por causa justa.

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